Encerrar la pobreza

Imagínense a siete familias, hace 50 años, llegando en barca hasta la margen derecha del río Guayas (Guayaquil, Ecuador). No tienen nada, salvo sus pequeñas canoas para entrar y salir de su improvisado poblado. Se organizan como pueden: los hombres pescan, las mujeres cuidan de la casa y de los hijos, los manglares son el lugar escogido para hacer sus necesidades y aprovechan todo aquello que encuentran, cañas, chapas, telas y maderas, para construirse destartaladas casas que durarán lo mismo que la estación seca, o hasta el próximo temblor.
Ahora imaginen que el tiempo se detiene en esta comunidad. La ciudad de Guayaquil crece y crece, y las chimeneas y grúas del puerto comercial pasan a formar parte del paisaje que se vislumbra desde La Unión, que así es como se llama el pueblo. La contaminación aumenta y llega al río, reduciendo las capturas. Pero en este pueblo, nada ha cambiado en 50 años, salvo su número de vecinos: ahora, unas 150 familias con una media de seis miembros por hogar, todos con los mismos apellidos, forman esta comunidad que se encuentra sitiada, a un lado, por el río Guayas, y por otro, por el capitalismo depredador que reduce su espacio y acaba con el entorno natural de los manglares. Una empresa construye piscifactorías para la cría del camarón, y vigila de manera férrea sus propiedades con hombres armados a ambos extremos del camino de acceso a La Unión. Esta mercantil llega a un poblado olvidado y desconocido, construye un camino desde la autovía para facilitar el acceso, pero no hace nada salvo encerrar a sus habitantes. Mientras, el gobierno mira para otro lado.
Y todo esto, a apenas 10 km en línea recta del segundo puerto comercial más importante de América Latina.